La relación de Horacio Rodríguez Larreta con la Casa Rosada atraviesa otro foco de inestabilidad. El diálogo público se mantiene cordial y se ciñe a la gestión de la pandemia por coronavirus, pero las conversaciones privadas que resurgieron en las últimas semanas avizoran un panorama de confrontación entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El gobierno de Alberto Fernández promueve la firma de un nuevo consenso fiscal con las provincias para suspender la rebaja de impuestos, pero el paquete contiene una serie de contraprestaciones que encendieron la luz de alarma en la Jefatura de Gobierno porteña: Larreta dice que la propuesta es «infirmable».
El texto, que suspende la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, se convertiría en una bocanada de aire fresco en el marco de la crisis económica y la caída de la recaudación por la cuarentena. A cambio, la Casa Rosada les reclama a las dos gobernadoras y a los 22 gobernadores el apoyo explícito en el Congreso para aprobar el aporte de las grandes fortunas, pone un tope al endeudamiento de las jurisdicciones y reclama que los distritos frenen los juicios relativos a la Coparticipación Federal, las transferencias corrientes y el envío de fondos.
La luz verde del Gobierno para terminar con la obligación de bajar los impuestos no alcanza para la Ciudad. Ante el escenario económico, este convenio oxigena la caja porteña, pero las condiciones -aseguran en Uspallata 3160- traban el acuerdo. «Es infirmable», repite el jefe de Gobierno. «Está hecho a medida para que nos opongamos», agrega un miembro del gabinete porteño. El reclamo de respaldo en el Congreso al impuesto a las grandes fortunas es el menor de los inconvenientes.
Rodríguez Larreta golpea la mesa por dos condiciones: la que pide a las provincias congelar por dos años los juicios relativos a la Coparticipación Federal, las transferencias corrientes y el envío de fondos y la que impide el endeudamiento en dólares y la refinanciación en pesos argentinos de endeudamiento en moneda extranjera.
«La Ciudad nunca defaulteó y tiene la mejor nota crediticia del país. La deuda siempre fue para obras, nunca para gastos corrientes», responden desde Parque Patricios. En tanto, la Casa Rosada reafirma su propuesta de desdolarizar la economía argentina y específicamente el endeudamiento externo. Bajo la etiqueta de «endeudamiento responsable», el oficialismo promueve barrer con el libre tránsito entre las provincias y los préstamos internacionales que intensificó la gestión de Cambiemos. Las provincias tomaron deuda en dólares a un tipo de cambio que, meses después, pegó un salto y, merced a la devaluación, esos pasivos se agigantaron y afectaron los presupuestos locales.
La cláusula sobre los reclamos judiciales no puede sorprender a la Ciudad ni a ninguna otra jurisdicción, ya que lo mismo firmaron en 2017 con Macri. En aquel entonces, el punto sobre «Procesos judiciales» exigía a las provincias abstenerse de iniciar procesos judiciales por coparticipación, desistir de los ya iniciados y, en particular, frenar la judicialización del reclamo por el fondo del conurbano bonaerense. El texto 2020 propone lo mismo, pero el contexto es distinto: la Ciudad rompió filas con la Casa Rosada ante el recorte de la coparticipación y llevó la pelea al máximo tribunal. Bajo esa lógica, razonan en el larretismo, aceptar esa condición sería abandonar la resistencia a calificar de «inconstitucional» la quita de fondos.
«Hay varios puntos que la Ciudad no puede acompañar», advirtió el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, en diálogo con Radio Provincia.
Además, sobre la mesa corre una nueva condición que reafirma la oposición de Rodríguez Larreta: dejar asentado que la coparticipación no puede transformarse en un sistema de transferencias ad hoc, según la necesidad de cada distrito. De prosperar esa cláusula, el gobierno PRO encuentra otro elemento para rechazar la firma del convenio, porque estaría invalidando un método de compensación que Rodríguez Larreta usufructuó durante la gestión de Mauricio Macri. El incremento de la coparticipación que autorizó Macri para costear el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, ahora cuestionado por Fernández y en pleno litigio judicial ante la Corte Suprema, es un ejemplo fiel de esta práctica que ahora el oficialismo quiere limitar.
Mientras tanto, el Gobierno acelera el diálogo con las provincias para que avance el consenso fiscal. La negociación está en manos del ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que en una semana cosechó el respaldo de la mayoría de las gobernadoras y los gobernadores. Rodríguez Larreta devolvió con un pedido de auxilio ante los gobernadores de Juntos por el Cambio. El jefe de Gobierno propuso moverse en bloque, pero hasta ahora su propuesta no tuvo eco.
Los mandatarios Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Morales (Jujuy) ven con buenos ojos el borrador y levantaron el pulgar durante los diálogos con Balcarce 50. La única provincia que pone reparos es Mendoza, donde gobierna Rodolfo Suárez, de vínculo áspero con Fernández.
En la primera semana de noviembre, el jujeño Morales se instaló en Buenos Aires y mantuvo reuniones con varios integrantes del gabinete nacional. Entre otros, estuvo con el Presidente, con el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, e hizo un mano a mano con De Pedro, arquitecto del consenso fiscal que coaliga a todas las provincias menos a Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: Letra P